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MGAP reglamentará y saldrá a multar la "mala plantación de soja"

Con el palo y la zanahoria

Natalia Uval

 

Antes de setiembre el Ministerio de.Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) afinará detalles administrativos para inspeccionar y multar a las "malas plantaciones de soja", y en breve lanzará una campaña de difusión sobre los usos correctos del suelo, anunció a la diaria el subsecretario de la cartera, Andrés Berterreche. Por otra parte, el gobierno habilitó ayer la coexistencia con los transgénicos y admitió que no puede controlar la trazabilidad de los productos.

Entre 2000 y 2006 el área sembrada de soja se multiplicó por 35, llegando a las 309.100 hectáreas al finalizar el sexenio, según el Anuario Estadístico Agropecuario 2007 del MGAP. En paralelo, las exportaciones, que eran nulas en 2000, alcanzaron los 138 millones de dólares en 2006.

Pese a su fama de "sana y natural" la soja en Uruguay se produce mayoritariamente a partir de semillas transgénicas. Tiene además circunstancias asociadas a su producción que preocupan a organizaciones ambientalistas, productores orgánicos y algunos actores del gobierno. La primera de ellas, su cultivo monopólico. La soja ocupa cada vez más hectáreas de tierra en Uruguay, desplazando a otras producciones. Éste es un fenómeno que afecta a toda la región y en especial a Argentina. La segunda, que los agrotóxicos que se utilizan en ese tipo de cultivos, además de ser altamente peligrosos para el trabajador que los aplica, habitualmente se utilizan de manera incorrecta o indiscriminada. Y finalmente, que el crecimiento de las plantaciones de soja y el fenómeno de la extranjerización de la tierra han ido de la mano en los últimos años, debido a la alta rentabilidad de su producción.

Intentando reducir los efectos negativos de algunas de estas circunstancias, el gobierno está redactando modificaciones a la reglamentación de la ley 15.239, de uso y conservación de los suelos y las aguas, para "hacerla cumplir" incorporando algunos "detalles administrativos" que posibilitarán el cobro efectivo de multas a las "malas plantaciones" indicó Berterreche. Por otra parte, se establecerán algunas restricciones ambientales. "No se va a permitir plantar soja sobre soja y se va a establecer una rotación que incluya pasturas, para combinar la ganadería con la soja"; detalló el subsecretario.

La estrategia será "la del palo y la zanahoria": por un lado, se saldrá a inspeccionar y multar; por el otro, se hará una actividad de difusión sobre el correcto uso del suelo. Se realizarán campañas en los medios y charlas con los productores y las grandes empresas. "Por ahora la estrategia se va a concentrar en la conservación de los suelos. Posiblemente en sucesivas etapas podamos sacarle punta al lápiz en el tema de los agrotóxicos" adelantó Berterreche.

Por otro lado, el MGAP proyecta utilizar la ley de fronteras para detener la extranjerización de la tierra en las zonas limítrofes, afirmó Berterreche en la edición de julio de la publicación partidaria Participando, del Movimiento de Participación Popular. El subsecretario indicó a La Diaria que su cartera proyecta enviar la ley al Parlamento este año.

Con medias tintas

Mientras tanto, el gobierno anunció ayer, luego del Consejo de Ministros, el fin de la moratoria a la autorización de nuevos eventos transgénicos, que había decretado en enero de 2007. El ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi, confirmó que se establecerá una política de "coexistencia regulada en la utilización de organismos genéticamente modificados". Se creará un gabinete integrado por los ministerios de Ganadería, Salud, Economía, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores e Industria, que definirá los lineamientos para aceptar nuevos transgénicos y dará las autorizaciones. Por otra parte, en quince días se conformará una comisión asesora de gestión de riesgos que monitoreará los permisos y que tendrá el cometido de elaborar en el plazo de un año una nueva ley nacional de biotecnología.

Actualmente hay nuevas variedades de maíz transgénico que aguardan el aval para ingresar al país. Berterreche enfatizó que se analizará "caso a caso", dependiendo del tipo de cultivo, de producción y de su impacto en la sociedad. No obstante adelantó: "¿Maíz transgénico para productores familiares? No".

El gobierno resolvió no obligar a las empresas a utilizar etiquetado que especifique la condición de transgénico de un producto. El etiquetado es una medida que recomienda, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Berterreche fundamentó esta decisión en la imposibilidad de establecer controles efectivos. "Apenas podemos salir a controlar el tema de los suelos y vamos a controlar la trazabilidad del producto... Tiene un nivel de complejidad tal que es poner cosas que no se van a cumplir", manifestó.

Por su parte, Agazzi admitió que los consumidores "tienen derecho" a saber qué consumen pero apuntó que "es como tantas otras cosas que los proveedores o las comunican o no". "Si todos los objetos que nosotros consumimos debieran ser objeto de análisis... eso sale caro. Y en la mayoría de los productos no tendría sentido" consideró.

Las organizaciones ambientalistas se oponen a la coexistencia. "Es terrible. Es decir: bueno, acá tenemos los transgénicos y convivan con ellos como puedan. Más que convivir es imponerlos" dijo a La Diaria María Cárcamo, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL). Cárcamo cuestionó también la exclusión de las organizaciones sociales de los organismos creados para el control. "[En este gobierno] las decisiones parecen ser un poco más democráticas pero no lo son" opinó.

 

Publicado en La Diaria, 15 de julio de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.



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