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ENCE, BOTNIA Y COMPAÑÍA
Una nueva oportunidad...
Marcel Achkar, Alice Altesor, Ricardo Cayssials, Beatriz Costa, Ofelia Gutiérrez, Felipe Lezama, Néstor Mazzeo, Daniel Panario, José Paruelo, Fabiana Pezzani, Claudia Rodríguez (*)
La discusión en torno a la instalación de la planta de producción de celulosa de Botnia en Fray Bentos hace tiempo que ha dejado de ocurrir sobre bases racionales. Los argumentos y las discusiones se han teñido, en ambas orillas, de los peores elementos nacionalistas y xenófobos. ¡En lo único en que los gobiernos de dos repúblicas se han puesto de acuerdo es en invocar la ayuda de la monarquía española!
Volver a poner el foco en lo que serían, en nuestra opinión, los problemas centrales (la expansión del modelo forestal corporativo, el impacto ambiental de la planta, la designación de zonas francas para inversiones extranjeras) es cada vez más difícil. Quizás en el caso de Fray Bentos encauzar la discusión resulte también inútil desde un punto de vista práctico. La política de hechos consumados hace que hoy el grado de avance de la planta torne cada vez más onerosa (merced al cerrojo que genera el tratado de protección de inversiones con Finlandia) un replanteo de las características del proyecto.
Sin embargo existe la posibilidad de plantear una discusión sobre otras bases en torno al proyecto presentado por ENCE para la instalación de una nueva planta de celulosa y energía en el departamento de Colonia. En este caso no existe conflicto con Argentina. El proyecto cuenta con el aval explícito del gobierno de Kirchner. Tampoco existe un tratado de protección de inversiones con España que restrinja el margen de maniobra del gobierno. (**) Más aÚn, y este parece un punto central, no se ha declarado aún como zona franca el área en donde se planea instalar la planta.
La evaluación a fondo de los proyectos presentados en la DINAMA para considerar la viabilidad ambiental de la planta de producción de celulosa y la declaración de una nueva zona franca (www.dinama.gub.uy/Participacion/Manifiestos/Darecor SA y Edarix SA) brinda al gobierno la oportunidad de encauzar la inversión de acuerdo a los intereses de la mayoría de la población.
Un punto crítico es evaluar la conveniencia de declarar una zona franca. La ley 15.921 de zonas francas, entre otros beneficios, exime de todo tributo presente y futuro a los beneficiarios. Según lo declarado por la empresa en su presentación, la mayor parte de los insumos a utilizar en la planta serán importados (sin impuestos). Los que no se importen serán producidos en la zona franca por empresas subsidiarias (sin impuestos). Toda, absolutamente toda la producción será exportada, nuevamente, sin tributar al Estado uruguayo.
Podría argumentarse qué resignar ingresos fiscales es el precio a pagar para generar empleos y desarrollo. Si bien la presentación de ENCE habla del impacto social, no se indica la cantidad de mano de obra que ocupará (Botnia, con un volumen similar de producción, empleará 300 personas) ni qué proporción de ella será nacional. Por otro lado hay dos aspectos adicionales que pueden contar en el "debe" para la sociedad uruguaya: los costos ambientales y el uso de la infraestructura pública y de parte del territorio ocupado por cultivos forestales (sin pagar impuestos).
Sorprendentemente la presentación de ENCE a la DlNAMA vuelve a omitir información clave para juzgar el costo ambiental del emprendimiento. Por ejemplo no se indica el volumen de residuos sólidos y de efluentes que se estima se producirán. Tampoco las características físicas y químicas de esos residuos, un dato crítico para evaluar el riesgo asociado a su generación. No hay precisiones acerca de cómo se tratarán los efluentes y residuos, el tamaño de las plantas de tratamiento, las características de los vertidos, etcétera. De las emisiones gaseosas no existe siquiera mención. En el texto se indica que no se realizará tratamiento terciario de efluentes y no se presenta un solo número acerca del volumen a verter o de la concentración de contaminantes. La reducción de costos de tratamiento de efluentes (de apropiación exclusiva por parte de ENCE) se hará a expensas de servicios ecosistémicos básicos que son de apropiación pública (valor recreativo, calidad del agua, mantenimiento de la biodiversidad).
Exigir precisiones y ser celosos en los recaudos sobre la protección del
ambiente deberían ser pilares básicos de la gestión pública a nivel
nacional. Esto cobra aún más relevancia cuando la empresa en cuestión,
más allá de sus declaraciones, no tiene el mejor desempeño ambiental ni
siquiera en España.
El punto no es demonizar a ENCE; se trata de una empresa que, como cualquier otra, busca maximizar sus ganancias. No tiene otra opción que ceñirse a las reglas del mercado. Para maximizar beneficios debe vender mucho y caro, comprar barato, conseguir subsidios, exenciones y bajar los costos externalizando todo lo que sea posible. La responsabilidad del Estado es evitar excesos y velar por la equidad en la distribución de costos y beneficios entre los sectores de la sociedad. En este momento el debate debería abarcar de manera abierta y no maniquea todos estos puntos y dejar claro los intereses de todos los actores sociales.
(*) Docentes e investigadores en ciencias ambientales de la Universidad de la República.
(**) Véase sin embargo el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, filial del Banco Mundial que arbitra en los litigios entre los inversores extranjeros y los estados nacionales, al cual Uruguay adhirió en 2000.
Publicado en el semanario Brecha, 5 de abril de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos. |